El Tribunal Supremo ha rechazado la querella presentada por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, contra la diputada de Podemos Ione Belarra por un presunto delito de calumnias con publicidad. El alto tribunal concluye que las declaraciones de la dirigente morada, en las que acusó a Ayuso de tener una "gestión homicida" de la pandemia en las residencias de mayores, forman parte del debate político y están protegidas por la libertad de expresión.

El derecho fundamental a la libertad de expresión

La Sala de lo Penal, con el magistrado Pablo Llarena como ponente, ni siquiera ha acordado abrir procedimiento, al entender que no existe delito en las expresiones denunciadas. En su auto, el Supremo subraya que trasladar al ámbito penal afirmaciones pronunciadas en un contexto de confrontación política supondría una restricción indebida del derecho fundamental a la libertad de expresión.

El tribunal considera que las palabras de Belarra encajan en la categoría de "crítica política asentada en la convicción, percepción o interés político" de quien las formula, un tipo de discurso especialmente protegido por la doctrina constitucional. El Supremo recuerda que la libertad de expresión ampara no solo la crítica moderada, sino también aquella que sea "severa o exacerbada", siempre que se enmarque en un debate público propio de una sociedad democrática.

Las palabras de Belarra

Las declaraciones de Belarra se produjeron en un momento de fuerte pugna política sobre las muertes en las residencias durante la primera ola de la COVID-19. La exministra de Derechos Sociales aseguró que Ayuso "debería estar en la cárcel" por su "gestión homicida" en estos centros, señalando la existencia de protocolos que, según Podemos, impidieron derivar a miles de residentes a los hospitales.

La querella de Ayuso formaba parte de la ofensiva judicial anunciada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en marzo de 2025 contra varios responsables de la oposición, entre ellos Reyes Maroto, Ione Belarra y Pablo Fernández, por calificar de "homicida" o "criminal" la gestión de las residencias durante la pandemia. En el caso de Belarra, su condición de diputada nacional aforada obligó a presentar la acción penal directamente ante el Tribunal Supremo.

Tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional siguen insistiendo en que el Derecho penal debe ser la última respuesta frente a expresiones ofensivas en el contexto político. Los tribunales han reiterado que solo los excesos más graves, gratuitos y claramente injuriosos pueden ser perseguidos penalmente, mientras que el resto de controversias debe dirimirse por otras vías, como la civil o la disciplina parlamentaria.